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Las reformas en materia de justicia: una oportunidad para los derechos de las personas con discapacidad

Unas 80.000 personas con discapacidad tenían en 2011 privado su derecho a voto por resolución judicial

08/11/2012

El fiscal del Tribunal Supremo y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, Carlos Ganzenmüller, ha informado de que en 2011, “80.000 personas con discapacidad tenían privado su derecho a voto por resolución judicial”, hecho que el CERMI ya ha denunciado y planteado propuestas previamente.

Así lo ha manifestado en el transcurso de su ponencia ‘La adaptación normativa en el ámbito de la Justicia a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: cuestiones pendientes’, en el marco de la sesión de trabajo ‘Las reformas en materia de justicia: una oportunidad para los derechos de las personas con discapacidad’, organizado por el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad, celebrada en la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de plantear reformas en este ámbito desde el punto de vista normativo, a la luz de la Convención de la ONU, a favor de los derechos de las personas con discapacidad.

Durante su intervención, Ganzenmüller además, ha determinado, en relación al procedimiento de modificación de la capacidad, que las reformas legislativas anunciadas por el Estado español apuntan al Código Civil para revisar las leyes que regulan la guardia y tutela y valoran medidas para adoptar leyes y políticas por las que se reemplacen los regímenes de sustitución en la adopción de decisiones, por una asistencia para la toma de decisiones que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de las personas, proporcionado formación sobre esta cuestión a todos los funcionarios públicos.

Además, ha hecho referencia al Informe del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad presentado en Ginebra en 2011, ya que, según ha considerado, es “fundamental” para determinar dónde estamos y señala las recomendaciones que España como firmante de la Convención debe cumplir. Según ha indicado, este informe implica directa o indirectamente a todas las personas “que trabajamos en el ámbito de la justicia”.
 
Este informe también establece la revisión de las disposiciones legislativas que autorizan la privación de libertad por motivos de discapacidad, para que se deroguen las disposiciones que autorizan el internamiento forzoso a causa de una incapacidad manifiesta o diagnosticada y que adopte medidas para que los servicios médicos se basen en el consentimiento otorgado con conocimiento de causa por el interesado.

Por otra parte, el informe del Comité incide también en la problemática de las mujeres, niñas y niños y personas mayores con discapacidad, por su doble vulnerabilidad, en lo que respecta a su participación real en todos los órdenes, el principio de igualdad, el derecho de audiencia, pero también a ser informados, no sólo escuchados, así como a sus desigualdades regionales. Asimismo, ha pedido tener confianza en esos medios de apoyo y ha alertado sobre el problema estadístico en esta materia.

Según ha apuntado, la Convención debe seguir difundiéndose y aplicándose, gracias a la coordinación de todos y ha señalado como reto europeo la elaboración de una nueva Estrategia Europea de la Discapacidad 2011-2020, como marco para que la Justicia se debe mover. 

Derechos fundamentales

Por su parte, durante el acto de apertura de la sesión, el fiscal de la Sala de lo Civil, de la Fiscalía General del Estado, José María Paz Rubio, ha recordado que “no estamos en un momento de beneficencia ni de asistencialismo, sino en un Estado Social de Derecho”, en el que los poderes públicos deben promover la plena participación de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad.

Para él, “es un juzgado quien debe garantizar las prestaciones necesarias a las que las personas con discapacidad tienen derecho”. En este sentido, ha defendido la lucha por parte de la Fiscalía en materia de discapacidad y ha explicado que, en el ámbito de lo civil, debería darse un proceso de protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

“Con la crisis se están desmantelando los servicios sociales, debido a la confusión existente entre  el poder legislativo y ejecutivo”, ha asegurado, por lo que, en este sentido, ha apostado por la vía judicial para ir avanzando y evitar el  desmantelamiento del Estado de Bienestar y Social.

Cumplimiento real y efectivo

Por su parte, el presidente del CERMI y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha explicado que en estos momentos de reformas en lo relativo a la Justicia, “hay que incidir en el papel de las personas con discapacidad para avanzar en la protección de sus derechos”, respondiendo así al diálogo y al compromiso que existe actualmente con el Ministerio de Justicia.

Por ello, ha indicado que, dentro del anuncio de las reformas en el ámbito de Justicia, “hay muchas en agenda y es el momento de intentar forzar el cumplimiento real y efectivo de la Convención”. En este sentido, ha insistido en que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad tiene que “aplicarse efectivamente”, ya que, según ha indicado, “hemos encontrado muchos conflictos en la visión de los Derechos Humanos, de la Convención de la ONU, en el ámbito de la Justicia”.

“Las vulneraciones y agresiones a los derechos de las personas con discapacidad que existen todavía deben reorientarse a la visión de los Derechos Humanos que exige la Convención de la ONU”, ha concluido.